ATRIBUCIONES IMPOPULARES

Quienes deben representar al pueblo en términos de la colectividad nacional, son y deben ser únicamente aquellos ciudadanos que fueron elegidos para ocupar cargos de elección popular y no cualquier grupo de personas que agremiadas para defender intereses de pequeños grupos, abanderen sus luchas diciendo que sus reclamos son a favor del pueblo.

Cuando ciertos grupos organizados –gremios de profesionales o empleados sindicalizados- se toman la atribución de reclamar en nombre del pueblo por cuanta medida o disposición sobre ajuste o modernización que el gobierno intenta efectuar, descubrimos que muchos de estos (que dicen hablar y pelear por el pueblo) no siempre están debidamente informados o autorizados, a veces no son moralmente confiables o no son creíbles porque con sus argumentos no convencen que estén defendiendo los intereses de la mayoría ciudadana, sino los suyos como gremio u organización, y que con ello, más bien acorralan al gobierno para que les cumpla o les dé respuesta a los compromisos o a las peticiones de sus estatutos o de sus contratos colectivos, y que por lógica en una situación de estas el gobierno se ve obligado a cumplir, pero tomando medidas que si afectan a las mayorías, los que no están incluidos en esas organizaciones.

No siempre las medidas de reclamo, de los que quieren hablar en nombre del pueblo, son correctas ni tienen la aprobación de la ciudadanía en su totalidad. Públicamente se ha podido observar el malestar de muchos ciudadanos por los efectos inmediatos que les ocasionan las presiones -ejemplo las tomas de carreteras- como son las pérdidas de tiempo y dinero, algo que ellos no podrán recuperar porque no están protegidos por los estatutos o contratos colectivos de los manifestantes, quienes no pierden su día, su salario, ni sus productos.

Quienes hablan por el pueblo -la llamada sociedad civíl o el bloque popular- no presentan caras nuevas en las manifestaciones (será por eso que los discursos no se actualizan) y han llegado a usurpar el rol que deben cumplir los verdaderos representantes del pueblo, los ciudadanos que fueron electos en las urnas y que por ello son  los representantes oficiales de nuestra ciudadanía. 

Pero, parece que a estos -los Diputados- no les molesta que les quiten sus obligaciones y que a la mayoría del pueblo no le interesa que eso suceda. Estas actitudes son reprochables, exijamos cuentas a los que elegimos, que ellos expliquen al pueblo del porque se deciden o porque son necesarias algunas medidas. Si ellos las deciden, que ellos las defiendan y que no lleguen algunos a lavarse las manos. No se les pide una oposición irracional, pero quienes piden los votos para representar al pueblo deben asumir sus obligaciones, porque un pueblo debidamente informado, es un aliado extraordinario en la búsqueda del desarrollo. ■

TODOS PARA LA TELEFONIA

Si el desarrollo del país depende de la mejoría en sus comunicaciones, deberíamos priorizar las carreteras y los medios de trasporte para el traslado de la producción y de las personas que viajando mueven la economía en las ramas del comercio y el turismo.

Pero esto no es así, hoy en día se ha priorizado la telecomunicación como un servicio de primera línea para atender “una de las necesidad básicas del pueblo”. Ese argumento no es válido sino de efecto muy lesivo, inicialmente a la economía individual de los potenciales usuarios y a mediano o largo plazo a la economía nacional cuando se llegue a sumar una morosidad más en los servicios que facilita el Estado, por nuestra poca cultura de no pagar al día o de no pagar nunca nuestras jaranas. Si en cuestión de pagar la energía, el agua y los alquileres no andamos muy bien, que sucederá cuando toda esa población motivada adquiera ese otro servicio público y caiga en la realidad de su verdadero costo.

Para los comerciantes que no han tenido una línea telefónica y según el producto o servicio que prestan podría ser una necesidad urgente, pero para los ciudadanos que no utilizarán ese servicio para hacer prosperar su actividad personal o para hacer mayor clientela -si a lo que se dedican es a brindar servicios- vendrá a ser un lujo. Hay muchas familias que hoy y sin tener un teléfono en su casa, se pasan quejando por sus bajos ingresos ya que estos no les ajustan, imaginémonos qué dirán o sentirán cuando reciban las facturas telefónicas. Recordemos que en estas se registra el tiempo que nos prendemos de ese aparato y que no siempre estamos formados para utilizarlo según la vieja recomendación de que es un medio para acortar distancias y no para alargar conversaciones.

Y si sumamos dos hechos, uno en el cual a veces se corre el riesgo de que se nos carguen llamadas que no hemos hecho, y el otro que algunos dependientes de la familia no les marea el platicar mucho, que llaman sin urgencias y que hasta se molestan cuando se le pide que sean breves en sus llamadas, se empeora la cosa.

Debemos ser mesurados en la promoción de servicios y en la selección de prioridades, no hagamos fiesta con esas necesidades secundarias en un hogar, es suficiente aumentar los teléfonos públicos en lugares públicos y no llevar al público a adquirir otro servicio público en manos de inversionistas privados.

La propaganda hacia el consumismo es galopante, viene con anzuelos de regalías y compromete a los ciudadanos que no miden si en verdad necesitan un teléfono. Si la telefonía se promueve sin clasificar las necesidades del país -comerciales o residenciales-no se sabe si se está ayudando a quienes la tendrán como un medio para generar ingresos o como un egreso sin retorno para otros que la adquirirán solo como otro servicio “básico” más. ■

COSTUMBRES DAÑINAS

Porque será que en todas las oficinas Estatales vemos que no siempre se usa apropiadamente el mobiliario que tanto le cuesta al pueblo. A diario observamos que muchos empleados sin ningún pudor o consideración sobre los bienes del Estado, se sientan tranquilamente en los escritorios a parlar con otros compañeros, aún y cuando a escasos metros tienen al alcance una silla. Se llega al extremo que a veces lo hacen en muebles que los tiene asignado y cargado -con inventario firmado- la persona con la que platican y estas ni se inmutan. Será porque el inventario es solo cuestión de registro, que no se sabe que la reparación por el daño al mueble puede cargársele a él y no a quien lo daña, o será porque cuando un mueble se daña solo se reporta y nadie investiga las circunstancias que ocasionaron el daño. Conocemos casos en que los vidrios de muchos escritorios se han quebrado porque unas frondosas posaderas los han roto al haber sentado en él y no se le ha cargado su reposición al responsable porque el que lo dañó se hace el de a peso o porque quienes lo vieron se hicieron cómplices y no lo reportaron.

Sucede igual con otros materiales que se usan en las oficinas tal es el caso del papel que muchas veces es usado como servilleta para limpiarse las manos, los muebles o para colocar sobre el un refresco o taza y que sirva para absorber la humedad del liquido que se consume. Esto no es nuevo, todos los empleados públicos lo sabemos, lo vemos a diario y talvez hasta lo hemos hecho personalmente. Pero cuando desarrollamos conciencia ciudadana, vemos esos hechos como malas costumbres, como muestras de una cultura de despilfarro y como una actitud que dista mucho de la que un buen empleado público debe mostrar.

Porque no hemos comprendido que en cada material, equipo o mobiliario que se compra con los recursos del Estado –impuestos- hay una moneda de nuestro propio dinero. Sepamos que las reparaciones o la sustitución de los muebles las pagamos con nuestros impuestos y con el de los demás, muchos que a veces ni siquiera conocen nuestras oficinas o las comodidades que exigimos y que nos dan quienes nos dirigen. Si esos empleados se sientan en las mesas o escritorios de su propiedad, que cultura hogareña, y si solo lo hacen en los muebles de oficina, que cultura profesional. No es agradable abordar este tema y más aún no es agradable para aquellos que les cae el guante, pero siento el deber de compartir y expresar mi malestar porque en vivo y a todo color he observado esas escenas. 

Si sabemos que los muebles de hoy se hacen con materiales frágiles y con malos diseños, además que quienes los fabrican los hacen así para vender más cantidad y con mayor frecuencia, no caigamos en ese juego del mercadeo. Mejoremos el comportamiento y cuidemos las inversiones de nuestros impuestos. ■

PREFERENCIAS EN LA EDUCACIÓN

Si supiéramos el porque la mayoría de los maestros que son empleados públicos, educan a sus hijos en escuelas privadas y porque no los envían o ceden a otros colegas educadores -también pagados por el Estado- creo que comprenderíamos sus planteamientos y sus reclamos sobre su labor, sus exigencias y sus puntos de vista para oponerse a los cambios o ajustes que sobre la educación pretende, propone o impone el Estado.

Existen muchas preocupaciones alrededor de la educación, unas van desde el porqué la calidad de este servicio del Estado no alcanza las mejores calificaciones, hasta otras hasta porque tendiéndola pública muchos padres de familia –maestros y otros empleados públicos- prefieren la educación privada para sus hijos (dentro o fuera del país). Y es sobre esto último que necesitamos respuestas comprensibles. Replanteándola ¿Porque muchos maestros del sector público educan a sus hijos en instituciones privadas?

Pueden darse muchas respuestas –que son más excusas que respuestas- y se conocerían muchas más si los especialistas en ese campo se interesasen en buscar repuestas validas, pero es difícil encontrar maestros que objetivamente y que sin interés particular alguno, nos ayuden a entender ese fenómeno.

¿Sabrán los maestros del sistema educativo público que con esa acción lo que hacen es confirmar que ni ellos mismos confían en el sistema educativo estatal, que la calidad que dicen encontrar en la educación privada podrían encontrarla en las instituciones públicas si ellos mismos mejorasen los servicios que prestan? ¿Será que ellos sí se preocupan porque sus hijos reciban y cumplan por completo los planes educativos anuales, cosa que solo se logra en las instituciones privadas porque éstas no pierden clases al no tener reclamos contra el Gobierno? ¿O será, porque solo en ellas encuentran un ambiente de mejor nivel para que sus hijos se desarrollen entre compañeros y familias de mejor posición y que con el tiempo, el roce social les dé mejores oportunidades de empleo o de parejas?

No quisiéramos que esto fuese así, pero los hechos no dan otras luces y es seguro que los maestros no han medido las consecuencias de esa competencia en la educación y que la misma va en detrimento de la valoración justa y objetiva de este servicio público. Es oportuno que reflexionen que esas decisiones brindan la oportunidad para que muchos piensen que los mismos maestros reconocen la necesidad de privatizar la educación. Y aunque puede ser cierto que la educación privada da mejores oportunidades en el sector privado y que la educación pública por lo general solo las da en el sector público, no olvidemos que no es lo mismo tener una educación privada que tener privada la educación. Maestros píenselo, están abonando el camino de una privatización mas. ■

DIOS EN TODO

Los humanos hemos cambiado mucho en cuanto al valor y al lugar que a Dios le damos, a veces por creencia y fe, lo ubicamos en nuestros corazones o en nuestras mentes. Pero en otras, cuando se trata solo de guardar apariencias y que no se diga que somos ateos o poco religiosos, lo ubicamos -en nombre o en imagen- en cualquier artículo de uso diario, en nuestras prendas de vestir o en cualquier acto de nuestra vida terrenal. Por eso es que vemos en todas las actividades sociales que se realizan en nuestro medio (deportivas, políticas, militares o religiosas) a muchas personas -y casi siempre las mismas- que tratan de demostrar su fe religiosa persignándose o asumiendo posturas de devoción y solemnidad, que uno, hasta llega a creerles y considerarlos verdaderos cristianos.

Entre esas personas, las que logran andar y estar en todos lados, habría que admirar a aquellas que lo hacen cumpliendo con una responsabilidad encomendada por el pueblo (pero solo aquellas designadas para tal propósito, no las que se cuelan dejando a un lado sus puestos y que se agregan para hacer bulto) y, a aquellas otras que sin representar al pueblo lo hacen por cultura, por la libertad que da la democracia, que lo hacen gastando sus propios recursos y sin ningún interés político o lucrativo. Además, es digno reconocer a aquellas, que en el  trajín que conlleva participar en tantos actos inventados en nuestro medio, demuestran fe, fortaleza y una capacidad física, espiritual, e intelectual fuera de serie. Pero también hay otras que merecen ser recriminadas, porque solo aprovechan estos actos para figurar, para lucrarse, para ganar cámara o para alejarse -por largas horas- de sus hogares, para rechazar su realidad familiar o para esquivar sus obligaciones caseras (incluidas las de pareja).

También es malo que en cualquier actividad pública o privada se invoque el nombre de Dios de forma irreverente: En las deportivas (aunque hayan arreglos) se dice: Dios quiera que ganemos el partido o gracias a Dios que no perdimos; En las políticas (aunque se mienta) se dice: Si Dios quiere que gobierne el país, lo haré. Dios nos ayudará a obtener los votos necesarios o Dios nos ayudará cumplir “nuestras” metas; En las militares (aunque se vaya a matar) se dice: Dios nos ayudará a limpiar la sociedad. Dios acompañará a nuestros soldados o con Dios venceremos al enemigo; En las religiosas (aunque en los cultos se mencione más al Diablo) se dice: Dios borrará tus deudas de las computadoras si depositas en este momento tu ayuda en el banco. Dios te hará a ganar la lotería o Dios te perdonará aunque pequés. ¿Que habrá pasado con el, no usarás el nombre de tu Dios en vano? Bueno, eso, solo él lo sabe. Pero es seguro que entre nosotros, más de alguno sabe que no lo usa en vano, porque con ello se beneficia. ■

PUENTES PARA PEATONES

Con la construcción de los puentes peatonales en varias ciudades del país se demuestra la preocupación de las Municipalidades por disminuir los accidentes y los consecuentes daños humanos y materiales. Pero no todas las personas que deberían utilizarlos lo hace, se están sirviendo de las medidas de seguridad vial  que estos proporcionan. En todo caso son pocas las personas que transitan por ellos, y esto debe llamarnos a la reflexión y a la búsqueda de recuperar su beneficio y su belleza estética. Muchas personas dicen, que su poco uso se debe a la falta de seguridad policial que evite los asaltos en ellos y otras argumentan que es por la falta de higiene, al ser estos utilizados por algunas personas –orates o no- para hacer sus necesidades fisiológicas. Esos argumentos pueden cuestionarse porque algunas personas sí los utilizan y lo hacen en el mismo momento que otras cruzan la calle por la parte de debajo de ellos.

Como conductor, uno se siente contrariado al ver esas personas cruzando por abajo y no por el puente, no quedando otra alternativa que frenar –lo que resulta en desgaste de fricciones, gasto adicional de combustible y aumento del estrés al conducir- y lo único que se puede hacer es reclamarle (gritarles) a esos peatones que usen el puente. Debe entenderse que toda persona atropellada por su imprudencia -sino se muere- le ocasiona al Estado un alto gasto en su atención medica o por su invalides y al conductor problemas serios como los daños a su vehículo, perdidas económicas por no poder cobrarle al peatón embestido, perdida de tiempo o su trabajo –si no es dueño del vehículo- y a veces su libertad hasta aclarar lo del accidente. Aunque los conductores pueden ser a veces prudentes y evitar ellos cualquier atropello, no siempre pueden tener la suerte de capear al peatón o de ser hábiles en un momento de abuso de personas que trataron ser ágiles y no lo lograron.

Sino hay una forma ideal para inducir a los peatones a utilizar efectivamente, esos puentes (obras de alto costo y mucha utilidad vial) traigamos al presente el uso de aquellos vehículos-patrullas (carros tipo paila con barrotes) que hace algunos años se utilizaban para llevar a las postas policiales a los ciudadanos mal portados. Con la policía se puede dar seguridad, pero deben tener instrucciones de llevar ante las autoridades Municipales a esas personas que no usan debidamente los puentes peatonales, para que allí se les multe (trancazo necesario para educar) o para que se les obligue a prestar un servicio social a favor de la comunidad. Si no quieren hacer labor pública, que paguen por su imprudencia y con la recaudación de las multas que se pague la seguridad y el mantenimiento de los puentes (lavado, pintado y las reparaciones por el deterioro natural que sufren). ■

TRANCAZOS NO OFICIALES

No sé de donde nace el término “trancazo” o esa colita “azo” que se le agrega a aquellos hechos o situaciones que hacen daño a los intereses populares o a sus buenas y correctas costumbres. Pero  hay que reconocer que es un término aceptado y familiarizado en nuestro medio. Por ello y bajo el supuesto que todos los hondureños –y los que sin serlo, nos acompañan en este bello país- lo aceptamos, es que me permito compartir una preocupación que va mas allá de su significado.

Si los trancazos solo vinieran del gobierno ¿Qué le vamos a hacer? Pero hoy en día y por eso de los aranceles profesionales estamos a expensas de todos aquellos ciudadanos que por haber adquirido una profesión se agrupen, peleen por esa diferencia y que después vengan y se tomen la atribución de imponer nuevos y aumentados cobros por sus servicios. Y no se concibe que el Gobierno o alguien de las instituciones de “protección” al consumidor –no solo de productos sino de bienes y servicios- no se haya pronunciado en contra de los trancazos no oficiales que el pueblo recibe de esos grupos de  profesionales privilegiados –ejemplo reciente, el que nos acaba de recetar el Colegios de Abogados, con los aumentos en su arancel- y que permita que esa decisión se convierta en algo definitivo y sin derecho a reclamo.

Si el Estado transfirió esa potestad, eso es legal, pero no es justo que las tarifas sean impuestas sin regulación y que no se conozcan las justificaciones que esgrimen los beneficiados de esos aumentos. El haber concedido ese derecho a ciertos profesionales y darle tramite a nuevas solicitudes de otros profesionales, ha sido y siempre será lesivo al pueblo porque permite que se desarrollen elites sociales, diferenciadas por el simple hecho de haber adquirido ciertos conocimientos y que en poco tiempo se llegue a la guerra por el desquite entre profesionales.

Si hemos optado por un sistema de gobierno que rija, controle y decida el destino colectivo de nuestra sociedad y casi nuestro destino individual, no debemos permitir que éste deje sin control o regulación y en manos de ciertos grupos profesionales la decisión de modificar arbitrariamente las tarifas por el pago a sus servicios. Se acepta pagar por una consulta, pero no su ambiciosa tarifa. Con el trancazo del Colegio de Abogados, se demuestra que a nuestro pueblo siempre se le aplica la ley y no la justicia. A ellos, la ley les permite aumentar las tarifas y ellos -que dicen bogar siempre por la justicia- no piensan que es injusto cobrar tan caro por sus servicios, máxime cuando en el pueblo hay pobreza. Ese trancazo de los abogados se ha oficializado con el silencio del Gobierno y no se sabe cuándo será el próximo. Para capearnos el actual, hay dos salidas; una, no metiéndonos en rollos; y la otra, rezar porque otros no nos metan en rollos. ■

ACTIVIDAD POLÍTICA PREMATURA

Aunque haya sido una tradición, no deja de preocupar, que en forma prematura estemos entrando en la recta inicial de la carrera por los puestos y coaliciones políticas para gobernar el país durante el próximo periodo de Gobierno. También, es cuestionable que aquellos que hoy estando en los puestos del gobierno -elegidos o nombrados de dedo-  cualquiera que sea su puesto o posición, estén pensando, más en las próximas elecciones que en cumplir con los compromisos que adquirieron en las elecciones recién pasadas.

­Es incomprensible que los empleados de la administración actual y que los representantes de los partidos políticos -aliados o no- piensen, que con las obras que están realizando y con los subsidios que están repartiendo, están haciendo una labor que les será reconocida para las próximas elecciones, cuando lo que hacen es solo darle al pueblo las repuestas y los resultados que éste espera por haber votado por ellos en las elecciones pasadas.

Señores políticos, no se pierdan, hoy en día ante cualquier indicio de campaña prematura, los pueblos toman en cuenta más las promesas que oportuna y sinceramente fueron cumplidas, que aquellas que por enganche se hacen y sobre las cuales habrá un cobro futuro. Si no, veamos la experiencia reciente de aquellos políticos mexicanos, que estando en el poder no han podido convencer a su pueblo de que son la alternativa.

La gente ya no quiere promesas sobre promesas y no concibe que nuestros políticos estando en el poder piensen y digan que en el futuro las cosas serán mejores que en su actual mandato, y peor aún, que sigan insistiendo en que los errores y las situaciones que no pueden corregir o superar son culpas de quienes mandaron en el pasado –lejano o reciente- y que a la fecha no hayan podido direccionar en buen rumbo al país.

Si las alternativas políticas en Honduras cambian para las próximas elecciones y si contra estas se remarca el abstencionismo, podríamos caer en un error político porque no es correcto que se piense que el voto de castigo es simplemente votar en contra de quienes nos han estancado en vez de desarrollarnos. Eso a quien más daña es al mismo pueblo y no a los que se dedican a la política partidista y pensemos que quienes nos han fallado y se niegan a reconocerlo, de hecho nos seguirán fallando. Por eso, es más político botar -ejerciendo el sufragio- a quienes no sirven, que dejar de votar para botar a aquellos que no han dado el ancho. Por eso las reformas políticas son alentadoras, parece que ya no habrá oportunidad para que algunos inversionistas en política sigan comprado posiciones o puestos de representación popular. Pero, ojala eso se concretice antes de que muchos se agarren del tren y que tengan la oportunidad de reservar cupos prematuramente y que después las reformas no les afecten. ■

DOS PROBLEMAS EN LA UNAH

A los padres de familia, que tenemos como única opción de estudios superiores para nuestros hijos a la UNAH, nos preocupan los problemas de organización y funcionamiento que anualmente allí se presentan. Son muchos los problemas, pero sobresalen dos: los desordenes en los días de matrícula, y la confusión de  los alumnos por cuestiones de registros.

En el primer caso, los desordenes en las matriculas empiezan afectándonos a los padres de los estudiantes -por los desvelos y trasnochadas al efectuar o estar pendientes del traslado y permanencia nocturna de nuestros hijos e hijas en la Universidad- y a los mismos alumnos, por la serenada y los efectos nocivos en su salud por la misma trasnochada. Y finalizan, cuando a llegar la hora de matrícula, en las ventanillas se apretujan, se crean pleitos y se detecta que en las ventanillas los empleados matriculan alternamente a un estudiante de la fila y a otro que no esta presente (tienen sus documentos a mano) sin saber bajo que condición o privilegio.

El caso de la confusión es cuando; unos no logran cupos, a otros no les aparecen materias cursadas, a otros los programas les han cambiado, y otros que ven avanzando o titulándose a personas –compañeros o desconocidos en su facultad- que les han pasado y que no pueden saber si estos realmente estudiaron todas las materias que estaban obligados a cursar. Así, la misma población estudiantil hace comentarios sobre el hecho de alumnos que se gradúan en tiempos record o increíble y que algunos matriculan más de las clases que normalmente se puedan cursar, y que pasan de un año a otro en menos de lo que canta un gallo. Algunos buscan y encuentran facilidades o espacios para  lograr esos avances que solo los prodigiosos lograrían en un ambiente normal y de alto control del cumplimiento de los programas de estudio.

Los estudiantes, entre ellos, conocen sus capacidades y debilidades, y a veces hasta conocen y se hacen los indiferentes a las triquiñuelas individuales o colectivas. Muchos conocen las deslealtades de sus colegas de carrera, pero no hacen ni dicen nada, ni mucho menos advierten que al final todo graduado será competencia y los que salen más rápido bajo situaciones dudosas también les disminuyen los pocos espacios para trabajar. Claro está, que al final y ya en la práctica -y si el empleo obtenido lo permite- se descubren aquellas debilidades de los colegas que no cumplieron con haber estudiado todas las materias de la carrera.

El mal funcionamiento y la desorganización en el control, registro y manejo de información permite esto y más, y me pregunto ¿No podrían los mismos alumnos –los de informática y administración- realizar como una tarea de graduación, los estudios e investigaciones de estos problemas y presentar sus alternativas de solución?. ■

TITULANDO TIERRAS RURALES

La titulación de las tierras rurales, consiste en la legalización de las tierras nacionales que están siendo ocupadas o que son pretendidas por ciudadanos –organizados o no- que han vivido en ellas por muchos años sin legalizar su tenencia y por otros que aunque no han vivido en ellas las ven desocupadas y las solicitan para tener un predio donde cultivar o construir.

Existen dos programas para la titulación; uno permanente o regular que se ejecuta para atender las solicitudes de titulación presentadas por grupos campesinos, que pueden ser: tierras de naturaleza jurídica nacional que no tienen ocupantes conocidos, o tierras nacionales recuperadas a ocupantes que las han explotado por años y que no reúnen los requisitos de ley que permita que el Estado se las pueda adjudicar a ellos. Y las que son expropiables, de naturaleza jurídica privada, y que según las leyes son sujetas a la adjudicación a los beneficiarios por razones relativas a los techos agrarios, a su dominio u ocupación, y a su uso o explotación. Y el otro, no permanente, conocido como Programa de Titulación Masiva de Tierras (PTMT) con el cual se titula a productores u ocupantes independientes y a beneficiarios que han optado por una titulación mixta en sus adjudicaciones.

Los dos programas están en deuda con sus beneficiarios, el primero por carecer de fondos suficientes y porque las solicitudes conllevan largos y lentos trámites. Y el segundo cuyos tramites son muy expeditos, pero que esa misma condición, de hecho ha ocasionado que muchos predios hayan sido titulados en forma errónea o incorrecta (titulo sobre titulo, mediciones incorrectas, o proliferación de minifundios) por hacerse por medio de delineación y no por la medición exacta con brigadas de topografía o con equipos modernos para catastrar.

En ambos casos los resultados sufren cuestionamientos porque las líneas o políticas superiores en el cumplimiento de las metas no son adecuadas; o porque el personal de campo tiene escasa e inadecuada supervisión, poca formación, pero si mucha libertad en decidir el fraccionamiento de propiedades para cumplir metas (llegándose a títulos de 0.1 Ha) o de titular en donde sea y como sea sin respetar las restricciones legales de esa actividad.

El PTMT ha titulado tierra forestal, terrenos urbanos y ha emitido muchos títulos en áreas menores a 1.0 hectárea apegándose a un Decreto Ley que lo permite, si estas están cultivadas con café. Pero en el campo no siempre se encuentran con café, son solares y a veces a los dueños de esos predios se les ha inducido a parcelarse con el cuento que hereden en vida. Todo esto es dañino y no favorecerá mucho a estos nuevos propietarios. Si solo son solares no dispondrán de créditos porque sus parcelas no justifican una inversión. ■