TRANCAZOS NO OFICIALES

No sé de donde nace el término “trancazo” o esa colita “azo” que se le agrega a aquellos hechos o situaciones que hacen daño a los intereses populares o a sus buenas y correctas costumbres. Pero  hay que reconocer que es un término aceptado y familiarizado en nuestro medio. Por ello y bajo el supuesto que todos los hondureños –y los que sin serlo, nos acompañan en este bello país- lo aceptamos, es que me permito compartir una preocupación que va mas allá de su significado.

Si los trancazos solo vinieran del gobierno ¿Qué le vamos a hacer? Pero hoy en día y por eso de los aranceles profesionales estamos a expensas de todos aquellos ciudadanos que por haber adquirido una profesión se agrupen, peleen por esa diferencia y que después vengan y se tomen la atribución de imponer nuevos y aumentados cobros por sus servicios. Y no se concibe que el Gobierno o alguien de las instituciones de “protección” al consumidor –no solo de productos sino de bienes y servicios- no se haya pronunciado en contra de los trancazos no oficiales que el pueblo recibe de esos grupos de  profesionales privilegiados –ejemplo reciente, el que nos acaba de recetar el Colegios de Abogados, con los aumentos en su arancel- y que permita que esa decisión se convierta en algo definitivo y sin derecho a reclamo.

Si el Estado transfirió esa potestad, eso es legal, pero no es justo que las tarifas sean impuestas sin regulación y que no se conozcan las justificaciones que esgrimen los beneficiados de esos aumentos. El haber concedido ese derecho a ciertos profesionales y darle tramite a nuevas solicitudes de otros profesionales, ha sido y siempre será lesivo al pueblo porque permite que se desarrollen elites sociales, diferenciadas por el simple hecho de haber adquirido ciertos conocimientos y que en poco tiempo se llegue a la guerra por el desquite entre profesionales.

Si hemos optado por un sistema de gobierno que rija, controle y decida el destino colectivo de nuestra sociedad y casi nuestro destino individual, no debemos permitir que éste deje sin control o regulación y en manos de ciertos grupos profesionales la decisión de modificar arbitrariamente las tarifas por el pago a sus servicios. Se acepta pagar por una consulta, pero no su ambiciosa tarifa. Con el trancazo del Colegio de Abogados, se demuestra que a nuestro pueblo siempre se le aplica la ley y no la justicia. A ellos, la ley les permite aumentar las tarifas y ellos -que dicen bogar siempre por la justicia- no piensan que es injusto cobrar tan caro por sus servicios, máxime cuando en el pueblo hay pobreza. Ese trancazo de los abogados se ha oficializado con el silencio del Gobierno y no se sabe cuándo será el próximo. Para capearnos el actual, hay dos salidas; una, no metiéndonos en rollos; y la otra, rezar porque otros no nos metan en rollos. ■